La inmigración ha sido utilizada para compensar el impacto negativo que presenta en el PIB la decreciente natalidad, y de esa forma poder afrontar el creciente gasto social. Sin embargo, tiene un precio.
Alexis de Tocqueville, fascinado por la joven democracia estadounidense, mostró a comienzos del siglo XIX su preocupación por el posible ejercicio de una tiranía de la mayoría sobre la minoría, no ejecutada a través del poder de la ley y el castigo, sino mediante el más sutil instrumento del ostracismo social. Tocqueville se hacía eco del mismo temor expresado unos años después por Stuart Mill, para quien, una vez alcanzada la libertad política, el mayor riesgo para la libertad residía en la corrección política.
Cuando se analiza el fenómeno de la inmigración, creo que nuestra sociedad corre el riesgo de caer en los temores que tanto preocupaban a Tocqueville y a Stuart Mill. En las últimas décadas, las sociedades occidentales han tolerado flujos migratorios, flujos que, en el caso de EEUU, nación de inmigrantes, han sido muy intensos. El siglo XIX estuvo dominado sobre todo por la llegada de alemanes e irlandeses, y el XX, por italianos y latinoamericanos, especialmente provenientes de México. De hecho, la población hispana en EEUU genera hoy un PIB superior al de México o de España.
Con todo, asimilar inmigrantes resulta más fácil en una nación de inmigrantes que en un país cuyas raíces se remontan a una historia mucho más antigua. Así, Alemania o Francia han recibido intensos flujos migratorios de Turquía y de Argelia y su integración como “alemanes” o “franceses” ha resultado más problemática que la de, por ejemplo, asiáticos-americanos.
Como he escrito en el pasado, el PIB es consecuencia de multiplicar las horas trabajadas por la productividad por hora trabajada. Las primeras dependen en gran parte de cuánta gente joven accede al mercado laboral frente a cuánta se jubila, más menos flujos migratorios. Una natalidad de 2,1 niños por mujer permite mantener una población activa estable 25 años después de nacer dichos niños. Como los niveles de nacimientos en EEUU y en Europa llevan varias décadas por debajo de 2,1 la población activa vegetativa se reduce anualmente, y se opta por tolerar cierta inmigración para de esta forma mantener un determinado nivel de actividad económica y, por lo tanto, de gasto social, que supone unos treinta puntos de PIB en los países europeos, cantidad inferior en los EEUU, y en ambos casos creciente, principalmente por las pensiones.
Los flujos migratorios netos vienen a representar anualmente unos porcentajes sobre población total que suelen oscilar en torno a un 0,3-0,6% sobre la población total en Europa, con una mediana sobre los últimos treinta años cercana a un 0,4%. Desde aproximadamente 1990, una parte del electorado ha mostrado cada vez más rechazo a dichos flujos, ya sea por cuestiones relacionadas con la asimilación o por percepciones, más o menos acertadas, sobre su impacto en el mercado laboral, los salarios, la educación, la sanidad o la vivienda. Aunque la política, de una forma u otra, ha ido reconociendo este creciente sentir entre la base electoral, la realidad es que los flujos migratorios han continuado, posiblemente por los motivos económicos arriba apuntados. Tras el paréntesis del covid, dichos flujos se intensificaron, factor que pudo contribuir, al menos en parte, a la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales y factor que posiblemente esté relacionado con el ascenso en intención de voto de los partidos denominados “ultraderechistas” en diferentes países europeos. Hoy, las encuestas los sitúan en primera posición en el Reino Unido, Francia y Alemania.
En EEUU, la Administración Trump no solo ha limitado intensamente los flujos migratorios, sino que ha procedido a expulsar a un número de inmigrantes que podría superar el medio millón anual, a través de la agencia ICE, una de las que cuenta con mayor dotación presupuestaria tras la del Departamento de Defensa, superando incluso al FBI. El año pasado el PIB estadounidense creció un 2,2%, mientras que la productividad avanzó un 2,8%, de lo que se puede inferir que el componente de “horas trabajadas” ha disminuido un 0,6%. Esta disminución es la primera en las últimas décadas, excluyendo la pandemia. La productividad crece más en EEUU que en Europa, por eso, al menos de momento, EEUU se ha podido permitir medidas tan agresivas y Europa en la práctica no puede planteárselas si no admite a la vez que una reducción de flujos migratorios supondría una reducción de las pensiones (algo sobre lo que muchos partidos contrarios a la inmigración pasan de puntillas). Los métodos empleados por el ICE, sin embargo, parecen superar lo moralmente cuestionable. Además, es importante resaltar que los inmigrantes han representado un porcentaje reseñable de las patentes y de las start-ups tecnológicas estadounidenses (entre un 20% y un 30%), por lo que la política actual podría tener un impacto negativo sobre la productividad de medio plazo en EEUU.
Como contra ejemplo, en los últimos años, España ha admitido flujos migratorios cercanos al 1,2-1,3% de su población. Si hubiera aceptado el nivel considerado “normal” para un país occidental (0,4%), habría supuesto unos 200.000 inmigrantes netos al año. En realidad, la cifra neta ha rondado los 600.000. Estos flujos pueden contribuir positivamente al PIB (la inmensa mayoría del crecimiento económico español desde el covid viene por inmigración, no por productividad), pero también generan efectos colaterales negativos, como, por ejemplo, el aumento de la demanda de vivienda en un país que lleva veinte años construyendo muy por debajo de lo necesario. Como resultado de este desequilibrio entre oferta y demanda, y unido a otros factores, los precios de las casas en España crecen el 13%, frente al 5% en la zona euro o al 2% en EEUU. Además, la llegada de fuertes flujos migratorios supone aumentar la demanda de sanidad y de educación, y a futuro, de pensiones. Esto implica tensionar aún más un sistema social ya acuciado, lo que puede redundar en mayor malestar de los votantes.
Moralmente, España parece un país más “correcto” que EEUU. Sin embargo, los americanos han tomado una decisión democrática, nos guste o no. En España, el fuerte aumento reciente de los flujos migratorios no fue objeto de una decisión política explícita presentada en un programa electoral ni sometida a una aprobación específica en las Cortes.
Queda plantearse qué pensarían Tocqueville y Stuart Mill sobre qué país ha sido más democrático en la toma de tan relevantes decisiones.
