El reciente anuncio del Gobierno británico de trasladar miles de funcionarios fuera de Londres plantea un desafío pendiente en muchos países.
Decía Keynes que “no hay nada que un Gobierno odie más que estar bien informado, ya que provoca que el proceso de toma de decisiones sea mucho más difícil”.
Hace dos semanas el Gobierno británico anunció el traslado de 12.000 funcionarios que trabajan en Londres a trece ciudades medianas. Esta decisión se encuadra dentro de la estrategia de levelling off (nivelación), cuyo objetivo es equilibrar el enorme crecimiento económico y demográfico del que se ha beneficiado la capital, con la menor prosperidad y crecimiento que han experimentado por otras ciudades más pequeñas.
La estrategia de nivelación fue ideada por los conservadores que apoyaron a Boris Johnson, con el objetivo de “robar” votos tradicionalmente laboristas en el norte de Inglaterra, una zona económicamente mucho más deprimida que el bastión conservador del sureste. Londres, afirmaban, se ha lucrado mediante una enorme prosperidad asociada a la exportación de servicios financieros y la pertenencia a la Unión Europea, en tanto que el resto del país se “había quedado atrás”. Tras el Brexit correspondía emprender políticas que corrigieran dichos desequilibrios geográficos. Con esta interesante proposición para afrontar la desigualdad geográfica, los conservadores barrieron a los laboristas en sus feudos, y Johnson consiguió la mayoría absoluta que le llevó también a aplicar una desafortunada política de hard Brexit o “Brexit duro”, política que supuso la salida del Reino Unido del mercado único europeo, del que se benefician países no miembros de la UE como Noruega o Suiza. La ejecución de la política de nivelación fue muy defectuosa. Sin un buen diagnóstico de la naturaleza del problema, las soluciones “mágicas”, muy propias del populismo, tampoco funcionaron.
Con todo, en el Reino Unido y en otros países se identificaron dos medidas que sí podrían acabar generando resultados. La primera, de medio y largo plazo, consistía en especializar determinadas ciudades en una actividad económica concreta en la que contaran con una ventaja competitiva. Siguiendo el modelo de Toulouse y el sector aeronáutico, una ciudad podría especializarse en un sector específico, alineando la investigación universitaria, la atracción de talento y las empresas semilla que surgen de compañías establecidas en ese ámbito.
A más corto plazo, se propuso el traslado de funcionarios desde la capital a ciudades medianas. Esto desplazaría PIB inducido a dichas ciudades. Si la capital se había beneficiado de los efectos de red asociados a la cuarta revolución industrial —efectos que suponían que profesionales cualificados, al trasladarse a la capital, conseguían importantes mejoras de productividad y reforzaban el “efecto llamada” — el Estado podía compensar la situación trasladando a funcionarios fuera de la capital. Diversos estudios mostraban cómo por cada puesto de trabajo trasladado se generaban además un puesto indirecto (por ejemplo, maestros de escuela, o médicos que tienen que atender a esta nueva población). Además, al ser el coste de la vivienda mucho más asequible fuera de la capital y el salario de los funcionarios determinado a nivel nacional, los trabajadores reubicados podrían disfrutar de un nivel de vida más alto. Por último, un trasvase de población a ciudades medianas también podría reactivar al “campo vaciado”, ya que en muchas ocasiones este vive de proveer de productos a la capital provincial. Por lo tanto, el declive de la ciudad mediana y el del hábitat rural circundante están íntimamente relacionados. Durante el mandato conservador, se trasladó a 18.000 funcionarios fuera de Londres, a los que se suman los referidos 12.000 anunciados por los laboristas, lo que supone en conjunto un tercio del total de empleados públicos en la capital. Para 2030, el Gobierno ha establecido el mandato de que al menos la mitad de los cuadros directivos estén ubicados fuera de Londres. Once oficinas centrales serán cerradas, lo que generará un ahorro de unos 94 millones de libras anuales.
En el fondo, la cuestión que subyacía es: en un contexto de conectividad como el que el país presenta, ¿es necesario que, por ejemplo, el instituto nacional de estadística tenga su sede principal en Londres? La respuesta negativa llevó a trasladarlo a Newport (Gales) y, siguiendo este ejemplo, otros organismos están siendo reubicados fuera de la capital. Una política similar ha sido aplicada en Noruega, con el traslado de organismos y funcionarios a ciudades como Bergen. En una dimensión diferente, Estados Unidos acaba de anunciar el cierre de la oficina central del FBI en Washington y el traslado de una gran parte de sus agentes a oficinas provinciales, dado “que es ahí donde más crímenes hay que perseguir”.
Como escribí hace unos meses en esta columna, creo que en España se ha debatido muy poco el enorme problema que supone la desigualdad geográfica, problema que nos afecta al igual que a nuestros vecinos. La particularidad de España es que la “fortuna” del crecimiento por efecto red no solo ha favorecido enormemente a una ciudad, Madrid, sino que, en menor medida, también ha sonreído a Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga. La pregunta por lo tanto es cómo revitalizar ciudades como por ejemplo Pamplona, Burgos o Tarragona. Esta política también podría implementarse a nivel autonómico: si una capital autonómica ha resultado “favorecida” por estos procesos, convendría reubicar a funcionarios a otras capitales provinciales menos beneficiadas. Quizás la respuesta a tan escaso debate sobre este gran problema esté relacionada con la cita de Keynes que encabeza este artículo.
Idealmente, esta política debería aplicarse en paralelo con una estrategia de largo plazo: la especialización en un sector en el que exista una ventaja competitiva. Además, la ejecución de este tipo de medidas debería también poner sobre la mesa otro asunto crítico: replantear las políticas de teletrabajo del funcionariado. La investigación académica ha mostrado claramente que los trabajadores son más productivos en la oficina que en casa, lo que explica por qué las empresas están reduciendo progresivamente el teletrabajo. Queda por ver si las administraciones públicas intentan otorgar un mejor servicio a sus ciudadanos mediante medidas similares.
El PSOE propuso en el pasado llevar el Senado a Barcelona, posiblemente a sabiendas de que su ejecución era hartamente improbable y el gesto, simbólico. La pregunta que surge es si en España queremos debatir el traslado de organismos y funcionarios a ciudades que lo necesitan más, como por ejemplo las mencionadas Pamplona, Burgos o Tarragona.
