Convivimos con una desigualdad elevada, un paro crónico y un riesgo de pobreza mayor que el europeo.
Decía Keynes que el principal problema político de la humanidad era la combinación de tres cosas: la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual.
El llamado «Estado social» se fundamenta en que una parte sustancial de los impuestos se destina al gasto de carácter social, en especial a pensiones, sanidad, educación y prestaciones de desempleo. España dedica a esta partida un 30% de PIB, alrededor de dos terceras partes del gasto público. En comparación, el gasto social medio en los países de la OCDE se sitúa en el 21%. Mediante el gasto social se intenta prestar servicios públicos a amplios colectivos de la sociedad, y, además, intentar promover la redistribución de la renta, reduciendo así la desigualdad.
¿Está contribuyendo nuestro Estado social a reducir la desigualdad? Los economistas medimos la desigualdad por el coeficiente de Gini. Un valor de cero indicaría la igualdad absoluta, y de uno implicaría que una sola persona concentra toda la renta, mientras que el resto no percibe ninguna. En un sistema fiscal progresivo, los indicadores de Gini antes de impuestos son superiores a los de después de impuestos, ya que la recaudación se concentra asimétricamente entre los que más ganan, para intentar repartirla asimétricamente entre los que menos ganan. La realidad es que España presenta sistemáticamente niveles de Gini superiores a los europeos, a pesar de las intensas subidas de gasto público (y de impuestos) acometidas desde entonces. Posiblemente tendremos que relacionar este hecho con el mayor nivel de desempleo y de desigualdad intergeneracional, que abordamos más abajo.
Otro de los objetivos del Estado social debería ser reducir el desempleo al máximo. Por un lado, los subsidios deberían ayudar temporalmente a las personas que se quedan sin trabajo, y por otro, las políticas activas de empleo deberían servir para formar a los desempleados en las habilidades requeridas y así incorporarlos al mercado laboral. La realidad es que España presenta un nivel de desempleo sistemáticamente superior al 10%, y a pesar de crear 500.000 puestos al año, no consigue reducirlo a niveles occidentales, lo que supone otro fracaso parcial del Estado social. Los motivos son complejos, pero resulta escandaloso nuestro conformismo ante una tasa de paro que prácticamente duplica a la del vecino Portugal.
Los coeficientes de Gini miden la desigualdad «horizontalmente», es decir, analizando los ingresos familiares en un momento determinado. Sin embargo, también conviene analizar la desigualdad «vertical» o «intergeneracional». Así, si una pareja de jubilados que ha pagado ya su casa recibe una pensión de media muy superior a lo contribuido en cotizaciones sociales, y dichas prestaciones se financian sobre todo con «impuestos al trabajo» (cotizaciones sociales e IRPF) que representan el 40% del total de los costes laborales, el resultado es que los trabajadores más jóvenes ven muy reducida su renta disponible o sueldo neto. Como, además, este colectivo difícilmente puede acceder a una vivienda, se genera un sistema «extractivo» de un grupo vulnerable (jóvenes) hacia otro menos vulnerable (pensionistas). De esta manera, el gasto en pensiones crece inexorablemente por encima del crecimiento económico, en parte explicado por el mayor volumen de votos de los jubilados frente a los jóvenes. Es el fenómeno que bien ha descrito el economista Nacho Conde Ruiz en su libro La juventud atracada. En este caso, el Estado social no es que no consiga reducir los desequilibrios, sino que los está agravando a golpe de votos, lo que mina un fundamento esencial de toda democracia: la protección del más débil.
Además, el gasto social debería contribuir a paliar el riesgo de pobreza y exclusión. Pues bien, a pesar de destinar un 30% del PIB al gasto social, España presenta un nivel de población en riesgo de pobreza o exclusión social cercano a un 26%, uno de los más elevados de Europa. En cambio, Polonia, que dedica un 23% a gasto social, registra en este indicador un nivel del 15%.
Por último, un Estado social debería contribuir a la mejora de la renta per cápita, principal vector del bienestar. La renta per cápita está estrechamente relacionada con la felicidad de los seres humanos y refleja la eficiencia económica aludida por Keynes. La realidad es que la española ha progresado muy decepcionantemente desde hace años debido al deficiente comportamiento de la productividad.
Además, las escasas mejoras apenas han contribuido a incrementar la renta disponible, ya que se han traducido en mayores impuestos por no actualizar Hacienda las bandas fiscales con la inflación, lo que ha provocado que la presión fiscal haya aumentado en España desde antes del covid. Si observamos el consumo individual efectivo (la proporción del PIB que va al trabajador tras impuestos más las ayudas recibidas), España sigue a ocho puntos de la media de los europeos, a 26 de los alemanes, a 14 de los franceses y a seis de los italianos. Algo no funciona.
El Estado social presenta unas raíces profundamente cristianas, como expuso el historiador Tom Holland en su libro Dominion. Muchos pueden estar de acuerdo en alguno de sus planteamientos esenciales, pero debemos también ser críticos con su eficiencia, y, en mi opinión, la nuestra deja mucho que desear.
Burke dijo que un Estado es «un contrato entre generaciones». ¿Está nuestro Estado social atentando contra dicho contrato?
